XII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO.XVI SESIÓN CIENTÍFICA DE LA SEDPGYM.
“VALORIZACIÓN DE ELEMENTOS GEOMINEROS EN EL CONTEXTO DE LOS GEOPARQUES”
ISBN 978-99920-1-770-8
DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MINERO INDUSTRIAL.
M.C. Calderón Berrocal. G.I. HUM-340 PAI UHU. SEDPGYM.
Fray Luis de Granada, 11. 41009 Sevilla macalber-88@hotmail.es
Resumen
Importantes centros industriales han quedado en el olvido y el paisaje afectado, primero por su actividad y después, por su abandono. Cuando una actividad es floreciente aporta vida al lugar pero cuando esta muere, con ella muere la significación de la zona como elemento dinamizador socio económico, etnológico y cultural. Qué hacer pues ante estos casos. Hay que proceder a la defensa y recuperación del patrimonio.
Palabras Clave
Centros de documntación, Defensa del patrimonio, Geoparques, Patrimonio documental, Patrimonio industrial, Patrimonio minero, Recuperación del patrimonio.
Summary
Important industrial centers have been thrown into oblivion and the landscape affected, first by her activity and then by its abandonment. When an activity is flourishing brings life to the place but when this dies, she dies the significance of the area as a dynamic element economic partner, ethnological and cultural. What to do, so before these cases. There is a need for the defense and restoration of heritage.
Keywords
Documentary heritage, Mining heritage, Industrial heritage, Denfensa heritage, The recovery of the heritage, Geoparks, Centers of overall request for documentation.
INTRODUCCIÓN. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y DEFENSA DE BIENES DE INTERÉS CULTRUAL.
Hay que diferenciar conceptos. Por una parte se puede hablar de defensa y protección del patrimonio; y por otra se puede hablar de protección de bienes de interés cultural. En el segundo caso, previamente, los bienes deben haber sido declarados como tales. Esto dificulta en cierto modo el procedimiento, supone burocracia, no se puede intervenir en ese caso sin la previa declaración de BIC.
Sí cabría, en ocasiones, actuar de urgencia, por decirlo de alguna forma, mediante la versión por denuncia de abandono o peligro de deterioro de estos bienes, aún no habiendo sido declarados BIC. Hay que tener en cuenta que existen unas prescripciones legislativas que podrían facilitar la intervención; y previo comunicado a la Administración, ésta sería la que debería actuar.
Para el caso del patrimonio documental, según el art. 49 puntos 3 al 5, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se considera patrimonio documental:
“3. … los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
4. Integran asimismo el patrimonio documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.
5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del patrimonio documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración”.
Conforme a esto, entidades como sociedades y fundaciones, podrían actuar esgrimiendo estos conceptos y como abanderadas para la protección y gestión de los bienes dentro del concepto “patrimonio minero”.
Otra forma de actuar es por compra, aunque esto dependerá de las arcas de las entidades o sociedades o fundaciones. Si la entidad tuviese carácter de Fundación tendría algún camino facilitado pues existen subvenciones a las que sólo tienen acceso las fundaciones; si no es fundación, sería cuestión de plantearse esta cuestión, la procedencia de su inclusión en el registro de fundaciones.
Fig. 1.- Escritura de arrendamiento, otorgada en Murcia el 5 de Enero de 1905 por la "Sociedad El Trueno" a favor de D. Francisco Calvache, para la explotación de "hierros secos" en una parcela de 29.637 metros cuadrados, situada en el Cabezo de Santo Espíritu, de La Unión, y que comprende parte o todo de las minas "Venús", "Usurpada", "Usurpación", "Constancia" y sus demasías. Fuente: MTI Archivo Histórico Mineralogía Topográfica Ibérica.
Fig. 1.-Writing lease granted in Murcia On January 5, 1905 for the " Company The Thunder " in favour of D. Francisco Calvache, for the exploitation of " dry irons " in a plot of 29.637 square meters, placed in the Summit of Holy Spirit, of The Union, and that understands part or everything of the mines "Venús", "Usurped", "Usurpation", "Witness" and his excesses. Source: MTI Historical File Topographic Iberian Mineralogy.
Se puede actuar desde la implicación de la Administración en la protección, conservación, inventariado, informatización y digitalización de los bienes para su puesta en conocimiento y su difusión.
Se podrían iniciar actuaciones iniciando un planteamiento estratégico de actividades, por ejemplo, distinguir tipos de patrimonio que estén dentro del ámbito minero: industrial minero, documental minero, arqueológico en territorio minero; estudio del patrimonio en base a la elaboración de investigaciones históricas, etc.
Al frente de las actividades de rescate, conservación e inventariación de cada tipo de patrimonio debe estar un responsable: un responsable para controlar e inventariar el patrimonio documental; el patrimonio industrial; el patrimonio arqueológico; el patrimonio artístico … , cada uno debería tener un responsable e ir avanzando por zonas, simultánea y progresivamente. Y todo ello debería tener una base uniformada y normalizada que pudiese ser referente para el resto de las instituciones que llevan a cabo actuaciones de este tipo.
Implicar a la Administración en iniciativas en este sentido es fundamental, como podrían ser la creación de centros documentales y museos pluritemáticos. En principio es más rentable agrupar todas las disciplinas que crear museos temáticos, es más barato. El rescate y puesta en valor se pueden hacer en base a la creación de talleres escuela y talleres de empleo, por ejemplo. Esto es rentable sociopolíticamente porque se facilita la inserción laboral de la población, cosa que interesa a la Administración; además de rescatarse el patrimonio de una manera que puede ser rápida e intensiva. Este tipo de actuaciones deben acotarse cronológicamente y deben dar resultados en un tiempo determinado; hay que trabajar intensivamente por objetivos.
Implicar a los Ayuntamientos también resulta una tarea esencial, ya que como institución de la Administración pueden llegar donde una asociación o fundación quizás no pueda. Se debe actuar por medio de los ayuntamientos para rescatar el patrimonio y poder ponerlo al servicio de la comunidad. Y hasta poner el patrimonio bajo su protección, ya que de lo que se trata es de proteger el patrimonio, no de obtener titularidad, en principio, protección y conservación, después lo que la entidad emprendedora considere, más adelante, más conveniente[1]. Hay que marcar un objetivo y crear un equipo interdisciplinar compuesto por distintos profesionales y también por distintas naturalezas jurídicas.
RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Habrá que tener en cuenta el régimen general de protección del Patrimonio Histórico, según el cual existen tres niveles de protección en función de la singular relevancia del bien, que ordenados de menor a mayor protección son los siguientes: Patrimonio Histórico Español, Inventario General de Bienes Muebles; y Bienes de Interés Cultural.
La protección de estos bienes implica que los propietarios o titulares tengan unos derechos y obligaciones establecidas en la propia Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.
.-Patrimonio Histórico Español.
El grado mínimo de protección de un bien se encuadraría en el concepto de Patrimonio Histórico Español. Definiéndose así a todos los bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico, histórico o antropológico (Ley 16/1985, art.1).
.-Inventario General de Bienes Muebles.
En un nivel superior de protección, están los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles, que poseen un notable valor histórico, arqueológico, científico, artístico, técnico o cultural, y que no hayan sido declarados de interés cultural. (Ley 16/1985, art 26).
.-Bienes de Interés Cultural (BIC).
En cuanto a BIC, nos situamos ya en el grado máximo de protección. Lo constituyen aquellos bienes inmuebles y bienes muebles declarados de interés cultural; y estos bienes se incluyen en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Los Bienes de Interés Cultural que la ley establece como tales son, en primer lugar, los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles custodiados en su interior. También, las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, los castillos, emblemas, cruces de término y otras piezas similares, al igual que hórreos o cabazos antiguos existentes en Asturias y Galicia (Ley 16/1985, arts. 40.2 y 60.1; y disposición adicional segunda).
Tras éstos, y en segundo lugar, aparecen los Bienes de Interés Cultural declarados mediante Real Decreto, de forma individualizada; lo que implica la previa incoación y tramitación de expediente administrativo. En el caso del Estado además se deberá contar con un informe favorable de alguna de las siguientes instituciones consultivas: Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o las Juntas Superiores. En el caso de los bienes que afecten a las Comunidades Autónomas, el informe será emitido por las instituciones por ellas reconocidas[2].
LA RESPONSABILIAD DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
La conservación del patrimonio español es responsabilidad del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Esta institución tiene entre sus cometidos, informar y difundir cómo deben ser las actuaciones acerca de las actividades y servicios desarrollados y ofrecidos por el IPCE, como pueden ser la elaboración y ejecución de planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Español; el estudio de métodos y técnicas actualizadas para la restauración y conservación del mismo; el archivo, tratamiento técnico y difusión de la documentación disponible acerca de ese patrimonio y de la referida a los proyectos, intervenciones y trabajos realizados en cada caso concreto; la difusión e intercambio con organismos internacionales; la formación de técnicos que atiendan a los fines del Instituto; la propuesta de celebración de convenios con otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas para la conservación del patrimonio.
Existen ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura a las que las distintas entidades pueden acudir y a las que se pueden acoger para el inicio de sus actividades.
Existen Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos; y para el desarrollo de proyectos archivísticos, a las que recurren muchas entidades.
Las convocatorias de ayudas y subvenciones pueden buscarse en muy distintos conceptos y pueden interesar para la rehabilitación, conservación, difusión y puesta en valor muchos de los que se ofrecen como Artes escénicas y música, recordemos que el flamenco en el caso de las minas tiene una vinculación fundamental que se identifica con zonas concretas de la geografía española; convocatorias en concepto de rescate de fondos bibliográficos; para la realización de cine y audiovisuales; para cooperación cultural; rescate y difusión de industrial culturales; sobre libro, lectura y letras; patrimonio histórico; promoción de las bellas artes.
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN TERMINOLÓGICA Y DE PROCEDIMIENTOS.
En este campo existe una grandísima confusión en denominaciones terminológicas. Se impone una labor de normalización, que atienda tanto a cuestiones terminológicas, como en tema de actuaciones, actividades y procedimientos. Por ejemplo, existe confusión terminológica sobre algo tan básico como distinguir entre las denominaciones Inventario / catálogo; y dentro de la denominación de utillaje y maquinaria existe pluralidad por diversificaciones regionales o locales.
Habría que hacer una base de datos en colaboración con diversas disciplinas, un trabajo multidisciplinar. A los conocimientos archivísticos y la experiencia en normalización habría que sumar el aporte de la ingeniería informática, de la ingeniería de minas, ingeniería industrial, etc. Ya hay camino andado que se puede aprovechar, está el precedente del Registro Minero, con una fantástica base de datos, modelo que se podría conjugar con lo que se ha conseguido a nivel internacional en Archivística con respecto a bases de datos documentales y con respecto al tema Normalización. Existen trabajos parciales que se pueden aprovechar y globalizar rentabilizándolos, con los debidos aportes necesarios y suficientes para cubrir las básicas necesidades que se advierten como carencias terminológicas y procedimentales.
Al respecto cabría decir que la documentación de los distintos Departamentos de Minas no tiene tratamiento archivístico por lo que he tenido oportunidad de ver. Hay documentación histórica en los departamentos, expedientes caducados, que habría que transferir a los Archivos Históricos Provinciales. El patrimonio documental minero habría que intervenirlo o tratarlo a distintos niveles, como vemos, con actuaciones en la misma Administración; a nivel de patrimonio abandonado; a nivel de patrimonio recogido en los Ayuntamientos, a nivel de patrimonio en manos particulares… Toda una casuística muy diversa.
A la sociedad o fundación que acometa semejante cuestión le competerán actuaciones a nivel documental, de trabajo de campo, de investigación histórica, de trabajo archivístico, de publicación de todas estas labores etc.
La tarea de protección del patrimonio minero en cualquiera de sus acepciones es importante, amplia, interdisciplinar; pero es algo de primera necesidad. El camino se hace andando. Al principio, en el caso de los archivos, cada archivero manualmente trabajaba en su archivo, en su mesa y tenía su propio sistema; con el discurrir del tiempo se ha llegado a la normalización a nivel internacional. No hay que construir un sistema estanco, sino que por el contrario, debe permitir la evolución, porque día a día se encuentran cosas que aportar y con las que mejorar el producto.
FUNCIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES.
Para ver la funcionalidad de las actuaciones atenderemos a lo que dicta la Ley del Patrimonio Histórico Español. En su preámbulo la Ley 16/1985 del 25 de junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español (B.O.E. nº 155 de 29 de junio de 1985) presenta que “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea”. Su protección vincula a todos los poderes públicos en la protección y defensa de los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico.
Para asegurar la protección la Ley 16/1985 intenta saltar por encima de conceptos como propiedad, uso, antigüedad o valor económico, tratando con ello de asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, cuyos bienes productos deben ser apreciados y debidamente valorados.
La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que España aporta a la cultura universal. Pero las medidas de protección y fomento no van de forma uniforme hacia la totalidad de los bienes que se consideran integrantes del Patrimonio Histórico, sino que se establecen grados, que más arriba vimos. Se establecen jerarquías de grados que se corresponden con determinados tipos de medidas y técnicas de intervención. Haciéndose fuerte en cuanto a defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación.
En el seno del Patrimonio Histórico Español, al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere valor singular la categoría BIC, de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que requieran tal protección.
Se trata de luchar contra el deterioro y también frente a la delincuencia, pero sobre todo, la Ley de Patrimonio se orienta hacia el estímulo de la conservación, disfrute y acrecentamiento de los valores patrimoniales que van a identificar e identificarse con el pueblo; y al que debe ir destinada su puesta en valor.
Arbitra un conjunto de medidas tributarias y fiscales para premiar la defensa del patrimonio español; de esta forma se viene a impulsar una política de gestión eficaz del Patrimonio Histórico Español que compagina la vigilancia con la educación, la técnica con las ventajas fiscales, la rentabilidad del conocimiento con la puesta en valor de los distintos tipos de patrimonio, ayudas y contraprestaciones, buscando que el dinero público revierta siempre en beneficio de la comunidad de la que surte, generando así riqueza colectiva tras la valoración y reconocimiento de las distintas aportaciones históricas de los españoles a la propia cultura y a la cultura universal.
Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español, según la Ley de Patrimonio, deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley[3]. Y la Administración del Estado deberá garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español y promover el enriquecimiento del mismo, fomentando y tutelando el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. La Administración del Estado se compromete a adoptar las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos; al igual que deberán colaborar éstos entre sí[4].
La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará como Presidente. Y además, serán instituciones consultivas de la Administración del Estado, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en cuanto a comunidades autónomas, las instituciones por ellas reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que pueda obtenerse de otros organismos profesionales y entidades culturales.
EXPOLIACIÓN, OMISIÓN, PELIGRO, PÉRDIDA Y DESTRUCCIÓN.
El patrimonio puede ser dañado de muy diversas formas. Entenderemos expoliación como la acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. El campo conceptual, como vemos, es sumamente amplio y no solo contempla la acción sino la omisión. Ante este estado de cosas el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente podrá interesar, a través del departamento que corresponda, la adopción de medidas de urgencia encaminadas a evitar el expolio. Y en caso de desatención a los requerimientos de la Administración, el Estado dispondrá lo que convenga para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.
Fig. 2.-Galería de fotos del vandalismo en Filón Norte, Tharsis, Huelva. Fuente: blog Amigos de Tharsis.
Fig. 2.-Galería of photos of the vandalism in Vein North, Tharsis, Huelva. Source: blog Friends of Tharsis.
El patrimonio histórico nacional es un concepto global que también puede sufrir daños derivados de su exportación. La exportación es la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
Los propietarios o poseedores de bienes con más de cien años de antigüedad y en el caso de los bienes inscritos en el Inventario General necesitarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado. No siendo lícita la exportación de los bienes declarados de interés cultural ni la de otros bienes pertenecientes al PHE que la Administración del Estado, declare expresamente inexportables, de manera cautelar, hasta incoación de expediente que incluya el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley de Patrimonio Español.
Tiene carácter público la acción conducente a exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español en cuanto a la defensa de los bienes que lo integran.
En la defensa y protección del Patrimonio Histórico Español están comprometidos los ayuntamientos, los cuales quedan obligados por ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal. Los ayuntamientos están obligados a arbitrar las oportunas medidas para frenar o evitar su deterioro, pérdida o destrucción; y están también obligados a notificar a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes.
Pero no solamente quedan obligadas las administraciones en cuanto a defensa y protección del PHE, los ciudadanos de a pie deben igualmente contribuir. Así las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, que deberá verificar el objeto de la denuncia y actuar según la legislación competente.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL.
¿Qué podemos encontrarnos en una explotación abandonada en cuanto a tema documental?. En la mayoría de las ocasiones nos encontraremos abandono, desorden, caos, documentación afectada por distintos tipos de siniestros como pueden ser inundaciones, incendios, vandalismo…
Los siniestros son algo imprevisible o previsible, pero sobre todo serán violentos, sucederán por sorpresa, menos en el caso de abandono y tendrán sobre la documentación y sobre el patrimonio en general, efectos duraderos. Los siniestros serán especialmente graves en archivos y centros de documentación en general, por la concentración de objetos que, además de los documentos, suelen aparecer en los depósitos de archivo, a un depósito de archivo suele ir todo lo que sobra en otros lugares, esto ha sido así por mucho tiempo y esta cuestión es algo en lo que hay que incidir, porque aún no está completamente erradicada.
La documentación es especialmente sensible a los siniestros y necesita de una manipulación, no sólo adecuada, sino esmerada. Frente a los siniestros del patrimonio documental minero industrial hay que actuar en dos vertientes que serán una fase de salvamento y otra fase de recuperación y restauración del fondo, haciendo hincapié en los planes de salvamento y protección cultural para lo que existen diversos métodos de salvamento y secado.
La respuesta ante los siniestros debe ser una estrategia para la óptima conservación de archivos, bibliotecas y museos. Hoy día la gestión de desastres es un tema internacionalizado, pues de la ocurrencia de siniestros como la inundación por el Arno de la Biblioteca de Florencia y el derrumbe del Archivo de Colonia, se extraen consecuencias, experiencias y este tipo de sucesos suponen un antes y un después, que vienen a significar un replanteamiento de la cuestión. Se produce una reinterpretación en la actuación en prevención y gestión de desastres, de los desastres anteriores ya sean incendios, inundaciones, derrumbes de edificios se extraen consecuencias y se adaptan a la particularidad de cada caso. Antes de actuar debemos saber claramente qué medidas se pueden adoptar para salvar el patrimonio que, producto del abandono de una determinada actividad minero industrial, haya quedado en el olvido.
Para rescatar el patrimonio industrial minero industrial debemos ser conscientes de que estamos ante un gran desafío. Sin duda estaremos ante una situación que en cierta medida, podemos entender que nos puede, que nos supera, al menos en ciertos momentos, por lo tanto están actuando ya factores de índole psicosomática.
En una situación de caos, de siniestro, hay que actuar de emergencia, pero pueden asaltar factores como la incertidumbre por el desconocimiento o por lo imprevisible que puedan ir sucediéndose los acontecimientos en el proceso.
Hay que evitar radicalmente la descoordinación, hay que tener una buena comunicación y un buen feedback; hay que compartir observaciones, preocupaciones, sugerencias, con la intención de obtener información, a nivel individual y a nivel colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo que no hay que olvidar que está formado por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en sentido vertical y horizontal.
La inquietud psicológica también puede venir de la creencia o la realidad del desconocimiento técnico insuficiente, de la carencia de medios previsibles o reales, de la falta de información o de colapsos en los servicios. A todo esto se sumarán dificultades técnicas, presupuestarias, de recursos humanos, de operatividad; y además debemos estar cumpliendo, en todo momento, con la legalidad.
No se puede actuar de cualquier forma, hay que conocer los riesgos, analizarlos, cuantificarlos, evaluarlos, controlarlos; hay que conocer los daños y los peligros, que pueden acechar o estar patentes ya como la iluminación, una documentación expuesta al sol, está continuamente degradándose, sus tintas se están borrando, el papel se está afectando por el efecto de la luz y del frío que contrasta con el calor y cuartea los soportes, los dobla, los vicia; en las máquinas el efecto será la oxidación, la presencia de óxido hará friable el material del que se trate, etc. En cuanto a la humedad, esta atraerá plagas, hongos, insectos, toda una fauna papirófaga que perjudicará severamente los soportes, degradándolos, afectándolos con presencia de manchas de distintas tonalidades imposibles de reparar.
